Si en cualquier faceta de la vida, la libertad resulta capital, lo mismo sucede en Internet. No puede ser de otro modo. A la razón de mero sentido común señalada deben añadirse otras dos, ambas ya peculiares de la Red de redes. Una de ellas, el hecho de que Internet se hubiera diseñado justamente con ese fin, el de ser una red libre de toda traba, tanto a sus estándares y protocolos técnicos, como a sus contenidos. Libertad pues frente a trabas de toda índole, ya políticas, ya ideológicas, ya económicas. Esta es la esencia de un principio consiguientemente consustancial a Internet, ya desde sus orígenes denominado “end-to-end” (o extremo a extremo) y más recientemente conocido como el principio de neutralidad de la Red.
La segunda razón radica en que Internet se ha venido erigiendo, poco a poco, en todo un nuevo campo de batalla para los derechos y libertades. Aunque esto se debe a muchas razones, una bien importante es desde luego la creciente presencia de Internet en todos los campos de la vida humana.
Es evidente que si iniciativas online como Wikileaks han sido posibles es justamente gracias a esos postulados de libertad. En tiempos pasados, la información que Wikileaks ha hecho pública en Internet solo habría estado, en el mejor de los casos, en poder de determinados medios de comunicación, que habrían sopesado con pies de plomo su eventual divulgación, en función de la siempre intrincada trama de intereses en que se desenvuelven. Recuérdese el tortuoso proceso que siguió la paulatina publicación por el Washington Post de las informaciones relativas al asunto Watergate, por mencionar un ejemplo.
Wikileaks, en cambio, ha tenido acceso a documentos de enorme relevancia para las relaciones internacionales y para la política interna de los Estados más importantes del mundo, los EEUU entre ellos. Y a diferencia de otros tiempos, ha dispuesto de ese medio de eco mundial que es Internet para propagarlos por todo el orbe en cuestión de horas.
Documentos obtenidos, por cierto, a través de métodos contrarios a la legalidad vigente en los EEUU, aunque sólo fuera por el hecho de que, quien aparentemente los suministró, estaba vinculado por un deber legal de secreto. Documentos que, en algunos casos especialmente sensibles, pueden llegar a comprometer la seguridad y defensa de Occidente, por supuesto de países como España entre ellos. Quizá especialmente de un país como España, según los mismos documentos filtrados vienen a demostrar, al exponer a la luz pública preocupaciones, líneas de investigación o vulnerabilidades territoriales o institucionales frente a amenazas de tanta gravedad como la del terrorismo yihadista.
Documentos, en fin, cuya filtración esta dando lugar, cómo no, a la obtención de jugosos beneficios, ya directamente por parte de quienes en primera instancia los consiguieron, ya indirectamente, por aquellos medios "tradicionales" que los han venido editando "bajo licencia" Wikileaks...
Voces más que autorizadas han saludado con fervor la filtración, con el indiscutible y elogiable argumento de que en adelante, ningún gobierno podrá ya excluir de antemano la posibilidad de que cualquiera de sus actividades pueda en un futuro ver la luz. Qué duda cabe de que la transparencia es pauta esencial de todo buen gobierno, al propiciar al tiempo la difusión de los logros y el descubrimiento de las malas prácticas en el ejercicio del poder público. Otra cosa es que ese principio no deba equilibrarse, incluso limitarse, con bienes de importancia perfectamente comparable, como el nada desdeñable de la seguridad y defensa en Estados democráticos.
Cierto es que la seguridad y defensa no pueden erigirse en "hojas de parra" de protección indiscriminada para cualesquiera actividades estatales y sus correspondientes reflejos documentales. De ahí que el secreto solo deba regir en circunstancias verdaderamente justificadas, en la medida en que la revelación pusiera en peligro la vida o derechos equiparables de personas o la misma supervivencia de la comunidad en cuestión. El caso es que la legalidad de los países democráticos, y muy particularmente sus tribunales, han venido acogiendo con naturalidad tales principios...
Un peligro para los Estados y sus poblaciones
Ello hace que otros de los argumentos empleados para justificar las acciones del ya célebre Julian Assange resulten aún más difícilmente sostenibles. Entre ellos descuella el de que la seguridad de los gobiernos no constituye obligación alguna de quienes vienen publicando estos documentos. Nadie discute que la seguridad de más de un gobierno pueda quedar en entredicho por las filtraciones de Wikileaks; lo malo es que de paso quede también comprometida la seguridad de Estados, y de sus poblaciones, no lo olvidemos, que esos gobiernos han de dirigir. Es obvio que las sociedades occidentales, en los tiempos que corren, no pueden renunciar a ese fin fundamental del Estado como instrumento de organización de la vida en común.
Podrá sin embargo alegarse que no todos los documentos que se han filtrado atañen a la seguridad o defensa. Y nada se podría objetar en este sentido, respecto de la divulgación de aquellos que no hubieran sido previamente clasificados por el gobierno en cuestión.
A partir de aquí, ¿debiera por consiguiente extenderse esta misma consideración respecto de aquellos que, aun previamente clasificados, no afectasen a la seguridad y defensa? Entiendo que no, salvo que quiera neutralizarse toda posibilidad de que los Estados formen criterio con libertad acerca de cualesquiera cuestiones de su política interior o exterior. A sabiendas de que cualquier documento está condenado a hacerse público en un momento inoportuno, ningún órgano estatal se arriesgará a plasmar por escrito puntos de vista potencialmente conflictivos. Con ello no solo sufrirá la sinceridad, sino que, de su mano, también lo hará la eficacia. Salvadas todas las distancias, en la vida privada hay cosas, muchas veces poco agradables, que sencillamente no se dicen, por ciertas que puedan ser, y precisamente por serlo; también sucede así en la vida pública: seamos realistas, que no maquiavélicos, ¿qué jefe de Estado se expresa en los mismos términos con su homólogo de un país vecino, que con su primer ministro o su ministro de exteriores durante la negociación de un asunto de mutuo interés?
Llama por otra parte la atención que quienes con tanta fruición socavan determinados principios básicos de convivencia en nuestras democracias, simultáneamente se abonen a aquellos otros que les favorecen, como es el del beneficio económico, en un cínico ejercicio de parasitismo social. ¿Una nueva muestra, bien importante, por supuesto, del nefando "todo vale" que Ralf Dahrendorf se afanó en denunciar? Muy probablemente.
En cualquier caso, y sin duda alguna, un uso abusivo de la libertad que, en medida respetable, casi solo Occidente ofrece. Y un uso abusivo de la proyección en la Red de esa misma libertad, la neutralidad de Internet. Ya hemos visto cuáles pueden terminar por ser las consecuencias. Solo queda añadir una, que en lo que singularmente a Internet respecta, es desde luego la más grave: Internet ha florecido y ha triunfado en nuestras sociedades, y de este modo ha generado progreso en ellas, gracias a esa misma libertad, gracias a que constituye un medio sujeto a dosis de regulación e interferencia externas extraordinariamente limitadas.
Nada podían desear más quienes desde gobiernos, empresas o cualesquiera organismos, nacionales o internacionales, pretenden condicionar la libertad de Internet, que un comportamiento suficientemente relevante y suficientemente inmoderado para justificar sus ansias de intervención. Ojalá podamos evitar que esa excusa acabe siendo Wikileaks.
*Pablo García Mexía
No hay comentarios:
Publicar un comentario